Mujeres campesinas: recuperar la tierra con equidad

Foto cortesía: Hechos del Callejón




Ante las impresionantes cifras de tierras abandonadas o despojadas por actores armados –el Proyecto protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, de Acción Social, las estima en 6,8 millones de hectáreas–, un programa de restitución de bienes recobra enorme importancia como componente esencial de un proceso de verdad, justicia y reparación. ¿Cómo se deben tener en cuenta los derechos de las mujeres campesinas a la tierra en el diseño de la restitución? En el marco de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿cuáles serían las medidas de prevención, protección y garantías de participación que se requieren para que ellas recuperen sus parcelas? 


Obstáculos históricos 


Los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra, históricamente, han recibido poco reconocimiento legal y social. Según las únicas cifras disponibles sobre la participación de las mujeres en los proyectos de reforma agraria del pasado, las adjudicaciones a mujeres campesinas jefas de hogar nunca superaron el 11% del total. Esto se debe a la poca valoración de su papel productivo y a la orientación de las políticas agrarias (hasta mediados de los noventa) hacia la “familia con jefe masculino” como unidad beneficiaria de la dotación de tierras. 
Por otro lado, durante las dos últimas décadas ha habido avances en las normas, como la titulación conjunta a la pareja campesina, que se instauró con la Ley de Reforma Agraria 160 de 1994. También se concedió el acceso al crédito; el acceso al título de la propiedad en caso de abandono por parte de su pareja y la adjudicación de tierras a grupos asociativos de mujeres desplazadas jefas de hogar (Ley 731 de Mujer Rural). Estas disposiciones se mantuvieron vigentes en el texto de la última ley (Estatuto de Desarrollo Rural de 2007, declarado inexequible). 
Sin embargo, estos avances legislativos no se reflejan en la implementación ni en cambios reales en el reconocimiento social ni en el goce efectivo del derecho a la propiedad que tienen las mujeres. En la práctica, y ante los prejuicios de muchos funcionarios, ellas siguen teniendo dificultades para conseguir créditos y otros servicios necesarios para la producción. En contextos de violencia, este desconocimiento aumenta el riesgo de perder sus bienes y dificulta la posibilidad de recuperarlos.

Reconocimiento de la Corte 


Las inequidades y exclusiones históricas de las mujeres potencian las acciones de dominación y control que ejercen los actores armados. Así lo reconoció la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008, sobre Protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado, al identificar el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres como el riesgo de ser despojadas de sus tierras y de su patrimonio, con mayor facilidad, por los actores armados ilegales, dada su posición histórica ante la propiedad, en especial las propiedades inmuebles rurales. 
También reconoció que, por un lado, hay patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana y, por otro, problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan. Entre los estructurales están aquellos obstáculos –agravados– para acceder a la propiedad de la tierra y proteger su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.
En consecuencia, la Corte le ordenó al Gobierno formular un programa especial para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. Varias organizaciones (de desplazadas y mujeres) formularon lineamientos que solo parcialmente han sido adoptados y han generado debate entre la Corte, Acción Social y dichas organizaciones.
En el centro del debate está la tensión entre facilitar el acceso (que Acción Social propone remediar con convocatorias de tierras, en las cuales solo pueden competir mujeres desplazadas que cumplen con ciertos requisitos) y restituir derechos (que implicaría acciones positivas para todas las mujeres desplazadas en el contexto de un programa de restitución de bienes). 


Doble desventaja


El impacto desproporcionado del conflicto conlleva una doble desventaja para las mujeres a la hora de reclamar derechos de restitución, tanto por ser víctima como por ser mujer campesina. Estos son solo algunos elementos de esta doble desventaja: 

Falta de conocimientos formales. Muchas veces, la relación tradicional entre las mujeres y la propiedad o la posesión rural ha estado mediada por su compañero. Una viuda desplazada suele enfrentar mayores dificultades en lo jurídico: no sabe de la existencia de títulos, no tiene información sobre la modalidad de la propiedad, no cuenta con pruebas de posesión y, a veces, no tiene la dimensión de lo que la tierra y sus productos derivados pueden representar en términos económicos. Esta falta de conocimientos formales reduce sus posibilidades reales de acceder a la justicia para proteger o recuperar su predio. 


Mayor informalidad jurídica. La informalidad de la tenencia de la tierra entre los sectores campesinos del país ha sido señalada, en muchas partes, como uno de los grandes obstáculos para efectuar acciones de prevención, protección, restablecimiento y restitución. Además, no se cuenta con mecanismos de protección eficaces en los casos de viudas, mujeres con marido desaparecido o abandonadas. Esto pone de manifiesto una desventaja en el sentido jurídico: que no tienen papeles para comprobar la relación marital o la posesión del marido sobre la tierra. 
Por ello, las mujeres desplazadas corren más riesgos de desprotección y de revictimización en las disputas de tierras por vía judicial, pues no tienen títulos de sus tierras y afrontan mayores dificultades que cualquier otro ciudadano por su desconocimiento de rutas de acceso a la justicia o la falta de recursos para viajar a su zona de origen o pagar asistencia legal. Esta situación se agrava ante la reciente normatividad (leyes 1152 de 2007 y 1182 de 2008 de prescripción adquisitiva y saneamiento de falsa tradición) que permite a los nuevos ocupantes de un predio, cuando tienen más de tres años de antigüedad, convertirse en propietarios legales si el bien no está protegido (inscrito en el registro de bienes abandonados). 


Riesgo de otras violencias. Las mujeres campesinas están particularmente expuestas a violencia sexual, explotación doméstica, reclutamiento de hijos e hijas y, además, cuando son afrodescendientes o indígenas, discriminación racial. Esto se ha traducido en amenazas, reconocidas por la Defensoría del Pueblo, entidad que ha tenido en cuenta esta situación para incluir indicadores de género en su Sistema de Alertas Tempranas.


Las deudas de la reforma agraria


En la investigación El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual, del Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), se mencionan diversas modalidades de despojo, entre ellas la ocupación violenta; las compraventas forzadas; la falsificación de títulos; el embargo y el remate de propiedades abandonadas y la revocación de títulos de parcelas de reforma agraria. 
El Grupo de Memoria aún no dispone de datos sobre cómo afectan a las mujeres estas diferentes modalidades de despojo. Pero informaciones de diversas organizaciones señalan que las parcelas de la reforma agraria constituyen un bien muy apreciado por los actores armados o por aquellos que vienen detrás de ellos, en particular cuando son las viudas de los parceleros quienes se han quedado con dichas tierras.
A veces, los actores ilegales compran las deudas, en otras ocasiones hacen revocar los títulos otorgados por el Incoder, alegando abandono o la venta no permitida, la cual ha sido provocada por ellos mismos. En otros casos (como en el corregimiento de Chengue, en Ovejas, Sucre), las parcelas de reforma agraria, ahora abandonadas y en manos de terceros, ya estaban embargadas cuando el Incora las compró.
Las deudas de la reforma agraria afectan especialmente a las mujeres. Las adjudicaciones de tierras a desplazadas jefas de hogar (Ley 160) se realizaron bajo el régimen de subsidio del 70%, y ellas se quedaron con una deuda del 30% del valor total del predio. Este es el caso de las empresas asociativas Valle Encantado y Nuevo Horizonte en Córdoba. 



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María Zabala, reconocida líder de Valle Encantado, cuenta que ella y la mayoría de las mujeres desplazadas del grupo asociativo poseían tierras antes de desplazarse, aunque no a nombre propio sino de su familia o de su esposo asesinado. Con el desplazamiento, las perdieron y tal pérdida no fue tomada en cuenta para la nueva adjudicación, pues esta se hizo por ser viudas y desplazadas en medio de una crisis humanitaria, mas no en calidad de víctimas con derecho a la reparación. 
Por ello, las empresas asociativas de mujeres desplazadas en la Costa Caribe no han recibido ninguna condonación de la deuda a pesar de que todas se encuentren al borde de la quiebra. Como tantas otras, ellas están en riesgo de perder la parcela a causa de la deuda que tienen ante su poca capacidad para movilizar fuerza de trabajo familiar y su escasa experiencia en el manejo de un crédito, que siempre les habían negado.
Estas experiencias enseñan que la sola adjudicación de tierra, sin acompañamiento ni reconocimiento de las pérdidas sufridas, no cumple con los objetivos de restitución de derechos en equidad. 


Iniciativas de mujeres: “esta tierra es mía”


Las mujeres campesinas no han sido solamente víctimas. También han sabido “amarrarse la pollera”, como dice María Zabala. Desde hace décadas participaron en las luchas campesinas y en las organizaciones rurales. Basta mencionar a las mujeres líderes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes se destacaron en la lucha por la tierra; o las de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), quienes promovieron sus reivindicaciones en las leyes de reforma agraria y de mujer rural. 
En épocas recientes, los liderazgos de las mujeres se han vuelto más riesgosos y por ello varias líderes destacadas por su coraje en la defensa de la tierra, han sido asesinadas, entre ellas dos de Córdoba: Yolanda Izquierdo y Ana Isabel Gómez, quienes por sendos caminos trabajaron en la recuperación de tierras usurpadas por paramilitares. 
Las organizaciones de mujeres han tenido una importante incidencia en la Corte Constitucional, cuyo resultado fue el Auto 092. También han impactado las regiones y, de manera más silenciosa, se dedican a la asesoría jurídica. Por ejemplo, la Casa de la Mujer propone acompañar las solicitudes de protección y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) busca nuevas estrategias jurídicas para evitar el embargo de predios de las mujeres, lograr la reparación integral y la titulación a nombre de las mujeres en Valle Encantado y otras tres comunidades. 


Iniciativas institucionales: ¿hacia la justicia … de género?


En desarrollo de la ley de justicia y paz, la CNRR concluirá este año el diseño del programa de restitución de bienes y, en la actualidad, ha iniciado proyectos pilotos de restitución con las Comisiones Territoriales de Restitución de Bienes en Mampuján (Bolívar) y Turbo (Urabá). En Turbo, por ejemplo, se encontró que en el 40% de los predios abandonados por la población desplazada, el derecho a la tierra (propiedad, posesión u ocupación) había estado en cabeza de una mujer. Estos hallazgos muestran la importancia de aplicar, en materia de tierras, las acciones específicas que se han identificado desde el Auto 092.
En la propuesta de Lineamientos para un programa de facilitación del acceso de mujeres desplazadas a la tierra, que varias organizaciones elaboraron a partir del Auto 092, se identificaron varias de esas acciones específicas de protección o restitución, entre ellas las siguientes: 


o Realizar campañas de información sobre los derechos a la tierra que tienen las mujeres.
o Mejorar el Registro único de predios y territorios abandonados (Rupta), incluyendo sexo y tipo de relación marital, para identificar los derechos no-formalizados de las viudas (esta propuesta fue incluida en el Rupta).
o Desarrollar cartografías de la vulnerabilidad (social, familiar, de género y de tenencia) en zonas de riesgo para calificar las medidas de protección. (El Proyecto protección de tierras y bienes patrimoniales de población desplazada diseña una iniciativa piloto en ese sentido).
o Generar rutas de acceso a la justicia y de asesoría jurídica a las mujeres que reclaman la restitución de sus tierras. 
o Condonar la deuda como parte de la restitución integral de derechos (medida avalada por la Corte Constitucional e incluida en el programa de restitución que diseña la CNRR).
o Invertir la carga de la prueba en acciones administrativas y judiciales de recuperación de tierras.
o Titular las tierras protegidas o recuperadas, prioritariamente las de las mujeres. 


Con estas recomendaciones se busca que haya un nuevo propósito institucional en materia de tierras: no solo restituirlas sino también transformar las anteriores y actuales condiciones de discriminación de las mujeres y promover el pleno ejercicio de sus derechos sobre la tierra y en equidad con los hombres.






Por Donny Meertens
Profesora de las universidades Pontificia Javeriana y Nacional de Colombia e investigadora de la línea Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Vía : Hechos del Callejón

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