¿como vamos en atención Psicosocial?

El país cuenta con unas directrices sobre atención psicosocial a la población desplazada y se avanza en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado. Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las representan demandan del Estado y del Gobierno una política pública en este sentido.


Aunque han pasado 20 años desde la desaparición de mi hermano, cuando voy en un bus y veo en la calle a alguien parecido, me bajo y voy a mirar si es él”. Así como esta mujer, miles de familiares de desaparecidos en el país aún viven su vida sin lograr ponerle punto final a la búsqueda.
El más reciente diagnóstico psicosocial, realizado a varios familiares de víctimas de casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra el Estado colombiano, ha encontrado que “es preocupante que en 10 ó 20 años el Estado no ha sido garante para resolver sus necesidades en salud física y mental. Es decir, que no han tenido espacios pertinentes y oportunos para elaborar sus duelos y para manejar los impactos causados por los hechos de tortura”, dice Janet Reina, de la Corporación Centro de Atención Psicosocial-Terres de Hommes (Italia).
Este diagnóstico, financiado por los ministerios de Protección Social y Relaciones Exteriores, y realizado por organizaciones no gubernamentales especializadas es el primer paso hacia el cumplimiento de la atención en salud física y mental que ordenan algunas de las ocho sentencias que la Corte ha fallado contra Colombia: el caso de los 19 comerciantes desaparecidos entre Santander y Boyacá; las masacres de Mapiripán (Meta), de Ituango (Antioquia) y La Rochela (Santander); la tortura de Wilson Gutiérrez Soler; la desaparición y ejecución de 37 campesinos de Pueblo Bello (Antioquia); el asesinato de Germán Escué Zapata, indígena nasa, y el asesinato de Jesús María Valle, defensor de los derechos humanos en Antioquia. (Ver resumen de las obligaciones del Estado según las sentencias del máximo tribunal).


Por una política pública


Hasta el momento, el Ministerio de Protección Social ha definido los Lineamientos de Intervención Psicosocial con la población en situación de desplazamiento por la violencia y los desarrolla en 30 municipios del país, en convenio con el Secretariado Nacional de Pastoral Social (ver La vida y la dignidad, retos en la perspectiva psicosocial, del Ministerio). 
Entre sus componentes se incluye cómo reconstruir la identidad, la vida y el tejido social en condiciones de dignidad; cómo dinamizar procesos de participación y de gestión social y estrategias territoriales de intervención oportuna y pertinente de las instituciones para garantizar los derechos de estas poblaciones.
Asimismo, los ministerios de Protección Social y de Relaciones Exteriores están trabajando para responder a lo ordenado por la Corte Interamericana, a través de un acuerdo de cooperación técnica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Sin embargo, las víctimas y sus representantes demandan del Estado y del Gobierno una política pública de atención psicosocial para la disminución de los impactos causados por la violación de los derechos humanos, que cobije a todas las víctimas: a la población en desplazamiento; a las cuatro mil registradas en la Fiscalía y sobre las cuales trabaja la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las beneficiarias de las sentencias de la Corte Interamericana. Una política que introduzca en las instituciones el conocimiento sobre cómo hacer una intervención psicosocial y la cultura necesarias para atender a las víctimas.
En esta reflexión será insumo el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que coordina un espacio interinstitucional para analizar una intervención psicosocial en casos de desastres y emergencias, que tienen elementos que podrían aplicarse a situaciones de violencia, dice Jorge Castilla, de esta organización. “La experiencia en zonas de conflicto ha demostrado que una intervención psicosocial no responde a un modelo único, sino que comienza con un diálogo con la comunidad para identificar sus necesidades. Igual de importante es reconocer las redes comunitarias que existen y tenerlas en cuenta”, señala.
   En Colombia no hay una infraestructura ni una cultura ni un camino recorrido por las instituciones del Estado para prestarles este tipo de atención a las víctimas”, dice Luz Marina Monzón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
Por eso, la atención psicosocial ha sido una labor adelantada principalmente por organizaciones no gubernamentales, que han brindado acompañamiento a las víctimas y las han apoyado en su proceso de restablecer su proyecto de vida. 
Para las víctimas y sus representantes, la atención psicosocial es una necesidad fundamental así hayan pasado tres meses ó 19 años después del hecho violento y una prioridad para para sus familiares y la comunidad. 
Hasta el momento, los familiares no habían sido tenido en cuenta por las instituciones. Incluso, muchos de ellos, por estar enfocados en buscar al desaparecido o en adelantar los trámites jurídicos, no habían pensado en lo que les ocurría, lo que demostró que hay que darle importancia al familiar como un sujeto dentro del proceso”, dice José Daniel Álvarez, coordinador de la organización Familiares Colombia, que reúne a víctimas de los 37 desaparecidos de Pueblo Bello. 
¿Cuáles son las necesidades de las víctimas en atención psicosocial y cómo ha avanzado el país para satisfacerlas? 


1. La atención en salud física y mental


Algunas organizaciones que realizaron el diagnóstico a familiares de las sentencias de la Corte encontraron factores comunes: intento suicida, rabia, llanto, tristeza profunda, ansiedad e impactos severos en la salud física.
También hallaron que esos sentimientos no se debían solamente a la pérdida del familiar y de la estabilidad social y económica o del patrimonio, sino también a situaciones difíciles ocurridas después de dicha pérdida: las declaraciones de ciudadanos y autoridades que acusan a su ser querido; los momentos críticos del proceso judicial; la impunidad; el rechazo de los funcionarios públicos a sus peticiones o el momento de una exhumación.
En los casos de los desaparecidos, varios factores alteran el estado emocional: el no poder realizar el rito de despedida; la culpabilidad de darlo por muerto cuando puede estar vivo y, en todos los casos, la rabia que produce la injusticia. Por esta razón, el familiar no es solamente una víctima indirecta de un hecho. “Cuando se ha cometido una violación de derechos humanos, ello convierte a los familiares de la víctima en víctimas de tortura”, dice Ángela Ospina, coordinadora de la Corporación Centro de Atención.
La falta de experiencia institucional en la atención psicosocial ha llevado a que algunos familiares hayan sido atendidos simplemente con medicamentos sin tener en cuenta lo que la persona ha tenido que vivir. Por ejemplo, se formulan pastillas para curar el insomnio como si eso fuera suficiente, dice Monzón.
Para las víctimas de los casos que tienen sentencia de la Corte, después del diagnóstico comenzará la atención médica, que se dará a través de la red pública de salud. “Vamos a hacer que la atención sea prioritaria, preferencial, oportuna, con calidad y en las condiciones que se requieren”, afirma Gloria Gaviria, del área de derechos humanos del Ministerio de Protección Social.


2. Los ámbitos social y familiar 


Una familia afectada por una violación de los derechos humanos nunca vuelve a ser la misma. Mientras unas se unen en torno al dolor, otras tienden a romper sus lazos. Esto puede ocurrir por razones económicas, por diferencias entre quienes deciden salir a buscar a su familiar y enfrentar a las autoridades y quienes temen que eso podría generar mayores riesgos, entre otras situaciones. 
Lo mismo pasa con sus círculos sociales. Las personas se llenan de tanta desconfianza e incredulidad, que incluso lo transfieren a sus seres más cercanos”, afirma Diana Betancourt, de la Fundación Dos Mundos.  
También se ven afectadas laboral y económicamente. Por una parte, por el desequilibrio que genera un duelo, de manera especial cuando es fruto de una violación de derechos humanos, y por el desgaste emocional y el tiempo que invierten en buscar al familiar y alcanzar la justicia. Por otra, porque los familiares de las víctimas heredan una responsabilidad económica: la ausencia del ser querido implica también la pérdida del patrimonio y de las fuentes de ingresos.
Para manejar el duelo, a las familias les ha ayudado mucho organizarse, como lo hicieron los familiares de los desaparecidos de Pueblo Bello al crear Familiares Colombia. Adicionalmente, ya que una violación afecta a la familia y a su comunidad, los procesos de intervención psicosocial incorporan también el trabajo con los grupos sociales relacionados, labor que desarrollan especialmente las organizaciones sociales.




3. Reconocimiento y la responsabilidad del Estado 


Por algo sería”, “quién sabe en qué andaba”, “fue dado de baja en combate” o “murió en retaliaciones de grupos ilegales”. Estas son frases que tienden un manto de duda sobre las víctimas, que las estigmatiza y causa un daño profundo en sus familiares. Por eso, para los familiares reivindicar la memoria de sus seres queridos es un imperativo.
Si no hay una respuesta social que reconozca los hechos y la dignidad de las víctimas, para las familias es mucho más difícil superar el daño causado. Afecta la dignidad de las familias si no se reconoce la inocencia de la víctima, lo que también dificulta su comunicación con otros porque consideran difícil e incluso peligroso expresarse sobre su caso o porque no encuentran un espacio para el duelo y recibir la solidaridad de la su comunidad. 
Adicionalmente, frases como “eso fue que él se fue y la dejó con los niños” o “dedíquese a cuidar a su familia” o “mejor no siga preguntando” o “déje las cosas así”, cuando son pronunciadas por funcionarios del Estado les niegan también su dignidad y cualquier esperanza de encontrar a su familiar (ver Las palabras de las víctimas). 
Los familiares han sufrido un grado importante de victimización por la falta de respuesta, por el cuestionamiento a su dignidad y por las amenazas frente a sus intentos de búsqueda”, dice el concepto psicosocial que el experto Carlos Beristain presentó ante la Corte Interamericana en el caso de Pueblo Bello.
En algunos casos son tan serias las amenazas, que la Corte Interamericana ha dictado medidas provisionales de seguridad, como ha hecho con los familiares de las víctimas de los casos de la masacre de Mapiripán, Pueblo Bello y los 19 comerciantes.
Es importante que las instituciones y las autoridades respondan a las necesidades y exigencias de las familias y garanticen su seguridad, pero también que se pronuncien públicamente para dignificar a las víctimas y promuevan ejercicios de memoria y de reparación simbólica que impacten en la opinión pública.
En ese sentido, el próximo 4 de marzo el Ministro de Defensa reconocerá de manera pública la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de 37 campesinos en Puerto Bello, según informó el Ministerio de Protección Social.
Víctimas y organizaciones señalan que poco se ha avanzado en ese sentido y que hasta el momento se está respondiendo a lo ordenado por la Corte, pero insisten en que hay que ir más allá. 
El monumento a los 19 comerciantes es el más avanzado hasta el momento. Los familiares ya eligieron la figura y el lugar que quieren en Bucaramanga, ya se definió el escultor y se espera que este año ya haya monumento. Estamos haciendo lo mejor posible para que ellos se sientan satisfechos”, afirma Margarita Rey, coordinadora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. También se encuentra en proceso la elaboración del monumento a los campesinos desaparecidos de Pueblo Bello.


4. Intervención con enfoque de derechos
La garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación es también un componente de la intervención psicosocial, dicen los expertos. Y especialmente por el desgaste emocional, físico y económico que implica exigirlos en medio del conflicto.
Para la mayoría de los familiares perder estos derechos es tan difícil como la muerte del ser querido. “En una audiencia judicial, por ejemplo, la familia cree que tendrá claridad sobre los hechos, pero cuando eso no ocurre se da una revictimización porque ve cómo se agotan los recursos, se truncan sus expectativas, se exacerba su torbellino interno y se pierde su apuesta firme por la justicia”, relata Dora Lucía Lancheros, de la Corporación Avre. 
Por eso, dice, la extradición de los líderes de los grupos paramilitares ha tenido consecuencias negativas para las víctimas, porque perdieron la posibilidad de recibir información valiosa que los desmovilizados aún conservan.
El Gobierno ha expresado su compromiso para que se clarifiquen los hechos violentos y para devolverles a los familiares los restos de las víctimas. Eso, además, es lo que ha ordenado la Corte en algunos casos, como el de Mapiripán. 
En la medida en que se investigue y se busque a los responsables se está generando verdad y resarciendo ese derecho. El Gobierno se comprometió con la Fiscalía en brindarles seguridad a sus investigadores y aportar recursos, si es necesario, para hallar los restos”, afirma Margarita Rey, coordinadora de derechos humanos de la Cancillería.
Adicionalmente, hay un aspecto fundamental para las víctimas y sus representantes: que se restablezca la confianza en el Estado, ya sea porque ha sido el perpetrador de las violaciones, por su indiferencia o por la manera como ha respondido a las necesidades de la población.
Estos serán pasos fundamentales que contribuirán a que el país tenga una política pública en atención psicosocial que permita sanar las heridas, tanto a quienes han sido afectados recientemente, como a aquellos que llevan 20 años de dolor.






Las palabras de las víctimas


Estas son algunas percepciones de víctimas de las sentencias que fueron falladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


No vamos a descansar hasta que el Estado cumpla cada punto de la sentencia. Además ¿por qué tenemos que pedir ayuda internacional para que el Estado acepte su responsabilidad y garantice nuestros derechos?” Víctima de la masacre de Pueblo Bello.


Aunque nos dé mucho miedo, debemos decir todo lo que sentimos, hacernos valer y hacer valer a nuestras familias”. Víctima Mapiripán
    
El acompañamiento psicosocial no es un de un día para otro. Necesitamos varios años para recuperarnos porque ya han pasado 20 años desde la masacre”. Víctima de La Rochela.


Se hizo todo al revés. Primero nos llenaron de dinero y eso fracturó a la población. A las personas hay que tratarlas en sus valores, en su dignidad y en sus sentimientos. Lo más importante es estar bien psicológicamente, después viene lo demás”. Víctima del caso de los 19 comerciantes.


Lo psicosocial no es sólo la salud y lo psicológico, sino también la calidad de vida, cómo nos estamos sintiendo y cómo vivimos. No se trata de es que nos den una pasta para el dolor de cabeza, sino saber el por qué tenemos esos constantes dolores. Hay que ir más allá de la enfermedad. Mirar que si vivimos en una casa en mal estado, que nos es propia y de la cual nos puedan sacar en cualquier momento, tampoco nos vamos a sentir bien”. Víctima de la masacre de Ituango.


Queremos excusas públicas del Estado como una forma de que nos dignifquen, porque no éramos ni somos guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla”. Víctima de la masacre de Ituango.


Publicado por : Hechos del Callejón.

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